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La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado que la Generalitat ha impulsado cerca de 4.800 viviendas de protección pública a través del Plan Vive Comunitat Valenciana. Esta cifra asciende a más de 6.000 si se incluyen las promociones privadas activadas bajo el nuevo marco normativo.

Camarero clausuró el ‘II Foro Inmobilia. Impulsar la vivienda que la Comunitat necesita’, organizado por Economía Digital y la Cámara de Comercio de Valencia. En este encuentro se discutió la situación del sector inmobiliario en la Comunitat Valenciana, así como los retos del mercado residencial, incluyendo la escasez de oferta de vivienda y las dificultades para desarrollar nuevas promociones, con la participación de representantes institucionales y del sector.

La vicepresidenta enfatizó que es crucial generar una mayor oferta de vivienda para equilibrar los precios, movilizar suelo, agilizar trámites y fomentar la colaboración, además de proporcionar seguridad jurídica.

Con este objetivo, el Consell ha lanzado el Plan Vive Comunitat Valenciana, que busca construir 10.000 viviendas de protección pública durante la legislatura. Camarero anunció que “320 municipios” ya se han adherido al programa, subrayando la importancia de la colaboración público-privada para enfrentar este desafío.

El objetivo del Consell es aumentar el número de viviendas de protección pública y garantizar el acceso a ellas. Para ello, se ha implementado una página web del Plan Vive que proporciona mayor transparencia y publicidad al proceso, y se han recuperado principios como la igualdad y la concurrencia, incorporando nuevos mecanismos de control y supervisión.

En cuanto al incremento del suelo residencial, Camarero afirmó que no se puede aumentar la oferta de viviendas sin disponibilidad de suelo. Se trabaja con los ayuntamientos para generar más suelo y acelerar la construcción de vivienda asequible mediante los Proyectos de Reconstrucción Local y los Planes de Interés Habitacional.

Además, se colabora con la Conselleria de Medio Ambiente para obtener nuevas bolsas de suelo a través de los Proyectos Habitacionales Locales, que permitirán construir cerca de 120.000 nuevas viviendas en suelo dotacional municipal para abordar la emergencia habitacional en la Comunitat Valenciana.

En paralelo, se está desarrollando vivienda pública de alquiler asequible, con cerca de 100 viviendas licitadas en localidades como Albal, Torrent y Utiel, financiadas por la Generalitat.

Camarero también destacó la importancia de la seguridad jurídica para prevenir la ocupación ilegal y ofrecer garantías a los propietarios, lo que facilitará la incorporación de más viviendas al mercado. Se refirió a la modificación del Decreto 180/2024 y al Plan Integral contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, que incluye la creación de una Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación.

La consellera mencionó medidas adoptadas para facilitar el acceso a la compra de viviendas, especialmente para jóvenes, como la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales del 8 % al 6 % para menores de 35 años, beneficiando a cerca de 26.000 jóvenes con un ahorro medio de 1.482 euros. También se ha reforzado la línea de avales del Institut Valencià de Finances, con alrededor de 4.000 jóvenes beneficiarios.

Camarero contrastó estas medidas con la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España, que, según ella, desprotege a los propietarios y reduce la seguridad jurídica. Criticó que esta norma fue elaborada sin consultar a las comunidades autónomas y que tiene un efecto negativo al establecer zonas tensionadas y topes en los precios del alquiler.

La vicepresidenta señaló que los precios han aumentado un 30,7 % de media en España y que la competencia por alquilar se ha duplicado. Afirmó que la norma no resuelve el problema de la vivienda en la Comunitat Valenciana e incluye medidas ineficaces.

Asimismo, expresó el desacuerdo de la Generalitat con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que llega tarde y sin consenso, trasladando la mayor carga económica a las autonomías. Las comunidades pasarán de financiar el 30 % al 40 % del Plan, mientras que el Estado reducirá su contribución del 70 % al 60 %.

Finalmente, Camarero resaltó que el esfuerzo principal debe centrarse en generar más vivienda, trabajando en colaboración con instituciones, ayuntamientos, el sector promotor y todos los agentes del ecosistema inmobiliario.