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Camarero destaca que el Consell logra un nuevo hito con las nuevas ayudas directas al alquiler por 7,1 millones de euros para llegar al 100 % de beneficiarios por segundo año consecutivo

Camarero destaca que el Consell logra un nuevo hito con las nuevas ayudas directas al alquiler por 7,1 millones de euros para llegar al 100 % de beneficiarios por segundo año consecutivo

La convocatoria de 2025 se convierte en la más alta de la historia en beneficiarios e importe con 30,9 millones de euros para ayudar al alquiler a 12.731 familias, un 41 % más que el año anterior. El Consell repite el logro de 2024, cuando, por primera ve

Por Redacción | 01-06-2026

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha resaltado que el Consell ha logrado un nuevo hito al aprobar unas ayudas directas al alquiler por un total de 7.131.791,01 euros, alcanzando el 100 % de beneficiarios por segundo año consecutivo.

Camarero explicó la aprobación, en el último Pleno del Consell, de las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión directa de nuevas ayudas para el alquiler o cesión de uso de vivienda o habitación.

“Se trata de una medida extraordinaria que permite, por segunda vez en la historia, otorgar la prestación al 100 % de las personas que solicitaron las ayudas en la convocatoria de 2025 y cumplían los requisitos, sumando a los 9.762 beneficiarios iniciales, 2.969 familias más que no habían sido incluidas en la primera resolución por agotamiento de crédito”, indicó.

Con esta nueva medida, la convocatoria de 2025 se convierte en la más alta de la historia, tanto en beneficiarios como en importe, con un total de 30,9 millones de euros para ayudar a 12.731 familias a pagar el alquiler. Esto representa un incremento de 10 millones respecto al año anterior y un 41 % más de beneficiarios que en 2024, año en que también se registró un aumento del 83 %, alcanzando los 8.988.

El Consell repite así el logro de 2024, cuando, por primera vez, ningún solicitante que cumplía con los requisitos se quedó sin ayuda, algo que había sucedido en todas las convocatorias anteriores desde que se tienen registros.

Además, la convocatoria de 2025 amplió el número de solicitantes, alcanzando más de 22.000 solicitudes, tras incrementar el importe del alquiler subvencionable, que pasó de 750 a 900 euros, y aumentando la prestación hasta un máximo de 400 euros al mes.

“Este Consell gestiona para las personas, anuncia medidas y cumple”, destacó la vicepresidenta, quien recordó que “frente a este Consell, el Gobierno del Botánic nunca pagó a todos los ciudadanos con derecho a la ayuda al alquiler, dejando a más de 3.500 familias sin apoyo en plena pandemia en 2020”.

“En 2022, el último año en que el Botánic resolvió ayudas, dejaron fuera a 2.500 familias que cumplían los requisitos y agotaron el crédito para pagar a las que sí habían concedido. Este Consell tuvo que intervenir para ayudar a 1.300 familias a las que se les había concedido la ayuda, pero que el Botánic nunca pagó”, agregó.

La vicepresidenta afirmó que “este Gobierno actúa con responsabilidad, cumpliendo compromisos y con políticas para las personas”.

Las personas beneficiarias deberán presentar, en un plazo de un mes a partir de la publicación del decreto de aprobación de las bases reguladoras en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), su conformidad con la concesión de la subvención y los recibos acreditativos del pago del alquiler del periodo subvencionado.

Los beneficiarios cumplen con criterios de vulnerabilidad y necesidad económica, y la mayoría pertenece a grupos de especial atención establecidos por la Administración.

En este contexto, la Generalitat considera que las ayudas al alquiler son un instrumento esencial de política pública para facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual, reducir el esfuerzo económico del pago del alquiler para hogares de bajos ingresos y prevenir situaciones de vulnerabilidad económica y residencial.

Por ello, estas subvenciones se conceden de forma directa por razones de interés público, social y humanitario, exigiendo una respuesta inmediata y eficaz de la Administración para no poner en riesgo la estabilidad habitacional de las personas, considerando que no se trata de una medida extraordinaria aislada, sino de una actuación coherente con los principios de garantía del derecho a la vivienda y protección social de quienes pueden verse expuestos a situaciones de exclusión social.