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El Consell autoriza el inicio del expediente de contratación del servicio de mantenimiento integral de las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana por 48,6 millones de euros

El Consell autoriza el inicio del expediente de contratación del servicio de mantenimiento integral de las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana por 48,6 millones de euros

El servicio dará cobertura a 75 edificios judiciales distribuidos en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, frente a los 69 del anterior contrato

Por Redacción | 19-06-2026
El Consell ha autorizado el inicio del expediente de contratación del servicio de mantenimiento y conservación integral de las sedes judiciales dependientes de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, con un valor estimado de 48.659.820,82 euros. Esta actuación tiene como finalidad garantizar el correcto funcionamiento, la conservación y la seguridad de las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana mediante el mantenimiento integral de sus edificios, instalaciones, mobiliario y elementos constructivos. En esta línea, la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación refuerza la adecuada conservación de las infraestructuras judiciales para asegurar que profesionales y ciudadanía dispongan de espacios seguros, eficientes y adaptados a las necesidades del servicio público de Justicia. El nuevo contrato dará cobertura a un total de 75 edificios judiciales, frente a los 69 inmuebles incluidos en el contrato vigente actualmente. Concretamente, del total de sedes judiciales, 37 pertenecen a la provincia de Valencia, 31 a la de Alicante y 7 a la de Castellón.  Asimismo, ampliará en un 40 %  la superficie total objeto de mantenimiento, que alcanzará los 463.792 metros cuadrados frente a los 336.268 metros cuadrados del contrato actual. Además, está previsto un refuerzo de los recursos humanos destinados al mantenimiento de las instalaciones. De este modo, se pasará de 104 a 138 operarios especializados, con el objetivo de garantizar una atención más eficiente y una respuesta más ágil ante incidencias y necesidades de conservación. La prestación del servicio tendrá una duración de cuatro años, desde el 1 de enero de 2027 o, en su caso, desde la fecha de formalización si esta fuera posterior.