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La Unidad de Psicología Penal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Valencia llevó a cabo en 2025 un total de 425 pruebas preconstituidas mediante Cámara Gesell para la declaración de menores y personas vulnerables en procedimientos judiciales.

Desde su implantación en 2015, la práctica de estas pruebas ha ido en aumento en Valencia, consolidándose como una herramienta esencial para proteger a los menores y personas vulnerables durante su participación en el proceso penal. Este incremento se ha acentuado especialmente tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Dicha normativa establece la práctica de la prueba preconstituida cuando una persona menor de 14 años o una persona con discapacidad que necesite especial protección deba declarar como testigo en un procedimiento penal.

El objetivo de estas actuaciones es garantizar testimonios válidos en el contexto jurídico y evitar la victimización secundaria de las víctimas, especialmente en delitos relacionados con violencia sexual, malos tratos y violencia intrafamiliar.

Según los datos de 2025, el 97 % de las personas evaluadas eran niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años, y el 68 % de las víctimas atendidas fueron mujeres.

En cuanto a los delitos investigados, la mayoría de las pruebas estaban relacionadas con casos de violencia sexual y malos tratos. De los delitos sexuales analizados, el 52,5 % ocurrieron en el ámbito intrafamiliar y el 40,3 % en el entorno extrafamiliar, mientras que solo el 7,2 % correspondieron a agresores desconocidos.

La Cámara Gesell es un espacio adaptado que permite a la víctima declarar en un entorno seguro y amable, acompañada únicamente por una psicóloga forense especializada. Jueces, fiscales, abogados y otras partes siguen la entrevista desde una sala anexa. Las preguntas son transmitidas a través de la especialista, quien adapta la comunicación a las necesidades físicas y psicológicas del menor o persona vulnerable.

Además, este sistema se utiliza en audiencias de menores y personas con discapacidad para obtener un testimonio libre de sesgos que contribuya al esclarecimiento de los hechos. Durante la entrevista, la psicóloga forense actúa como auxiliar técnico de la autoridad judicial y fiscal, empleando técnicas especializadas de entrevista adaptadas al contexto jurídico.

La Unidad de Psicología Penal del IMLCF de Valencia está compuesta actualmente por siete psicólogas forenses que atienden las solicitudes de los 18 partidos judiciales de la provincia de Valencia.

La experiencia acumulada en Valencia desde la implantación de este sistema ha permitido reducir considerablemente los tiempos judiciales y minimizar la exposición de las víctimas al proceso penal, favoreciendo una protección más efectiva de sus derechos fundamentales.