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La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha reiterado su exigencia al Gobierno de España de que “atienda y solucione” de manera urgente la situación de la dependencia en la Comunitat Valenciana y cumpla con su obligación legal de financiar el 50 % del sistema. La consellera ha vuelto a dirigirse por escrito a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y ha insistido en la necesidad de mantener una reunión “conjunta e inmediata” para abordar esta situación. Además, ha subrayado que la Generalitat mantendrá esta reivindicación todos los meses mientras no se obtenga una respuesta por parte del Gobierno de España porque “no pedimos privilegios, pedimos corresponsabilidad, igualdad de trato y el cumplimiento de la ley”. En el comunicado, Albalat subraya la necesidad de celebrar esta reunión para poner sobre la mesa el esfuerzo que está realizando la Comunitat Valenciana y para abordar la deuda acumulada —que alcanza los 4.000 millones de euros— así como para avanzar hacia el cumplimiento del reparto 50/50 de la financiación del sistema. Asimismo, reclama un trato equitativo respecto a otras comunidades autónomas que ya han alcanzado acuerdos con el Gobierno de España en esta materia. “Tenemos la obligación de defender los derechos de cerca de 200.000 personas dependientes y de sus familias, que no pueden seguir esperando a que el Estado cumpla con lo que la ley establece”, ha señalado la consellera, quien ha vuelto a manifestar la voluntad de diálogo y cooperación institucional del Consell. La consellera, además, ha trasladado la evolución reciente del sistema y ha puesto de relieve el esfuerzo realizado por la Generalitat para garantizar este derecho social. Según los últimos datos oficiales, correspondientes a noviembre de 2025, 186.886 valencianos y valencianas tienen reconocido el derecho a una prestación por dependencia, un 9 % más que el año anterior. “Este crecimiento demuestra el compromiso del Consell por ampliar derechos y atender a más personas que nunca, pero también pone de manifiesto un desequilibrio financiero que no puede seguir sosteniéndose”, ha concluido.