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Justicia denuncia la falta de recursos del Gobierno para implantar la Ley de Eficiencia Judicial y reivindica el esfuerzo de la Comunitat Valenciana

Justicia denuncia la falta de recursos del Gobierno para implantar la Ley de Eficiencia Judicial y reivindica el esfuerzo de la Comunitat Valenciana

La consellera comparece en la Comisión de Justicia, Interior y Administración Pública de Les Corts para informar sobre la política de la Conselleria en materia de personal de la Administración de Justicia. Martínez desglosa las medidas impulsadas por la G

Por Redacción | 25-05-2026

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación Ciudadana, Nuria Martínez, ha comparecido en la Comisión de Justicia, Interior y Administración Pública de Les Corts Valencianes a petición propia para informar sobre la política de la Conselleria en materia de personal de la Administración de Justicia y hacer un balance de la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia tras un año de su entrada en vigor.

Durante su intervención, Martínez ha denunciado la falta de recursos del Gobierno central para implementar esta ley y ha reivindicado el esfuerzo realizado por la Comunitat Valenciana para establecer la nueva organización judicial que exige la Ley de Eficiencia.

“Si hemos conseguido llegar en tiempo y forma a implementar el nuevo modelo de organización judicial ha sido gracias al trabajo, dedicación y compromiso de los casi 6.000 empleados públicos dependientes de la Generalitat que prestan su servicio en la Administración de Justicia”, ha defendido la consellera.

Martínez ha destacado la profesionalidad del cuerpo de funcionarios que trabajan en los juzgados valencianos. “Las personas son el mejor activo de cualquier organización, por eso una de mis prioridades ha sido la motivación del personal”, ha asegurado.

En este sentido, la consellera ha explicado que desde su llegada al cargo se ha avanzado en la disponibilidad presupuestaria y en la regularización e incremento de las retribuciones del personal. En concreto, la Conselleria ha aumentado el valor del complemento transitorio específico o CAT para equipararlo a las cantidades de otras autonomías, tanto las que tienen transferidas las competencias en Justicia como las que no.

La consellera ha exigido al Gobierno central que establezca los criterios, requisitos y cuantías iniciales del complemento de carrera profesional, que será igual para todos los cuerpos, independientemente de dónde presten sus servicios.

A lo largo de la comparecencia, Martínez ha recordado que en las últimas semanas ha reiterado el compromiso del Consell en garantizar que el tribunal de instancia de Catarroja, encargado de la causa de la dana, contará con todos los recursos necesarios para que la instrucción se desarrolle con plenas garantías.

Ha reiterado que la cobertura de las plazas estructurales de Catarroja se está realizando siguiendo el mismo procedimiento que para las demás plazas creadas el 30 de abril, acordado con las organizaciones sindicales.

Asimismo, ha informado que, tras resolver la convocatoria para la provisión de estos puestos en comisión de servicios, solo uno de ellos, un auxilio judicial, ha sido solicitado, quedando las tres plazas restantes disponibles para ser solicitadas por la magistrada.

Por otro lado, Nuria Martínez ha expuesto algunas de las medidas adoptadas por su departamento para descongestionar la Justicia valenciana y mejorar las condiciones de los trabajadores de la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana.

En este contexto, ha explicado el plan de estabilización de plazas que está llevando a cabo la Conselleria, que creará 200 plazas en los juzgados de la Comunitat Valenciana, convirtiendo refuerzos en plazas estructurales.

“Con esta conversión no solo se aborda la insuficiencia de personal, que se ha evidenciado donde se han mantenido refuerzos, sino que también se otorga estabilidad a las relaciones laborales en un contexto donde es cada vez más urgente reducir la temporalidad en el empleo público”, ha defendido la titular de Justicia.

Además, Martínez ha destacado su compromiso con la agilización y simplificación de procedimientos para descongestionar el funcionamiento de los juzgados. Por ello, ha indicado que el año pasado la Dirección General de Justicia actualizó los procedimientos de selección y provisión del personal temporal de la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana.

Gracias a esta medida, la Conselleria ha logrado reducir de 25 a 8 días el tiempo medio para cubrir plazas temporales en los tribunales, lo que ha permitido, en una primera fase, cubrir más de 250 plazas en 3 meses con mayor agilidad.

“El reconocimiento de esta mejora por parte de los estamentos judiciales y organizaciones sindicales, y que se tome como referencia por otras administraciones, demuestra la importancia de estas medidas clave para perfeccionar el funcionamiento de los tribunales”, ha indicado la consellera.

Implantación de los Tribunales de Instancia

Otro de los temas tratados durante la comparecencia ha sido el estado de la implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que “está generando más retrasos, mayor inseguridad jurídica y nuevas barreras en la tutela judicial efectiva, además de un descontento generalizado tanto en operadores jurídicos como en funcionarios”, ha concretado Martínez.

“Frente a la falta de negociación, tiempo, recursos, coordinación y apoyo por parte del ministerio, desde la Conselleria que dirijo hemos logrado adaptar la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana al modelo organizativo que impone la Ley Orgánica 1/2025 con esfuerzo, dedicación y sacrificio”, ha asegurado.

“El ministro Bolaños anunció que la Justicia iba a acometer el mayor proceso de modernización en décadas, omitiendo que los valencianos pagaríamos la fiesta con los recursos limitados que tenemos debido a la infrafinanciación que sufrimos”, ha explicado la consellera.

Nuria Martínez ha lamentado el abandono por parte del Gobierno central en el proceso de implantación, “negándonos los recursos adicionales necesarios para llevar a cabo esta transformación”.