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La Conselleria de Educación defiende la plena legalidad de la renovación de los conciertos educativos
El procedimiento de renovación de los conciertos se ha tramitado conforme al Decreto 75/2023 aprobado en la anterior legislatura y se ha verificado la admisión mixta en cada uno de ellos. El Consell del Botànic destinó 126 millones de euros a la renovació
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha defendido la legalidad de la renovación de los conciertos educativos. Ante la denuncia anunciada por Compromís ante el Tribunal de Cuentas, la Conselleria aclara que los expedientes se tramitaron de acuerdo al marco normativo vigente, específicamente conforme al Decreto 75/2023 de 19 de mayo, aprobado en la anterior legislatura.
El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, ha manifestado: “Hemos aplicado la ley tal como nos la dejó el Consell del Botànic. Cada paso del procedimiento es público y está a disposición de cualquier instancia de control. No tenemos nada que esconder porque no hay nada irregular”.
La anterior renovación de conciertos se llevó a cabo en julio de 2021, bajo la responsabilidad del entonces conseller, Vicent Marzà. En esa ocasión, se mantuvo un modelo de admisión segregada por sexo, a pesar de que la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) era ya de obligado cumplimiento desde enero de 2021.
En contraste, la renovación tramitada por el actual Consell se realizó con admisión mixta, un requisito que el propio Botànic exigió posteriormente a los centros afectados.
Es un hecho comprobado que el Consell del Botànic destinó 117 millones de euros a los centros que ahora señala, además de otros 9 millones adicionales derivados de la retirada irregular del concierto de Bachillerato a determinados centros. En total, el Botànic destinó 126 millones de euros a estos centros.
Jorge Cabo ha afirmado que “el Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional y su trabajo es necesario en democracia. Esta Conselleria no solo no se opone, sino que lo respeta y lo apoya sin reservas. Precisamente porque hemos actuado con rigor normativo, no existe ninguna inquietud sobre el examen que el órgano fiscalizador decida realizar”.
Finalmente, Cabo ha subrayado que “nuestro compromiso es con cada familia, con cada alumno valenciano, garantizando la elección de centros y velando porque ningún alumno o alumna sea discriminado por ninguna razón personal o social”.