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El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez, ha exigido al Gobierno de España “una participación real, leal y continua de las comunidades autónomas en la negociación del nuevo marco financiero plurianual (MFP) que permita defender los intereses de los territorios y blindar la política de cohesión en el nuevo presupuesto europeo”. Díez ha trasladado estas demandas durante la reunión de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), principal órgano de cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas para fijar la posición española en los asuntos europeos, cuya falta de convocatoria durante cuatro años ha sido objeto de crítica por parte de Díez, así como la ausencia de los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, y el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Durante la reunión, el vicepresidente ha trasladado “la preocupación de la Generalitat por el retroceso de la política de cohesión en las nuevas cuentas europeas. Sobre esto ha explicado que, aunque el nuevo MFP aumenta su volumen total —de 1,2 a 2 billones de euros—, los fondos de cohesión pierden peso en el reparto”. A su juicio, “este agravio es inaceptable y exige al Gobierno una defensa sólida y firme en Bruselas, ya que supone restar recursos esenciales para el desarrollo de nuestro territorio y para sectores estratégicos como la agricultura, que ya ha sido claramente perjudicada por los recortes que se pretenden aplicar en la Política Agraria Común”. Ante esto, ha señalado que “compartimos la necesidad de reforzar las prioridades estratégicas de la Unión —defensa, seguridad, competitividad y apoyo a Ucrania—, pero no pueden financiarse a costa de la política de cohesión. La cohesión es el instrumento que garantiza que las grandes transformaciones sean social y territorialmente sostenibles. Cuando se debilita, el proyecto europeo pierde legitimidad”. Influencia de las regiones para dar certidumbre a los sectores productivos Asimismo, Díez ha reclamado una mayor implicación de las comunidades autónomas. Tal y como ha sostenido, “la posición de España no puede construirse de espaldas a las regiones. Las comunidades autónomas tenemos una capilaridad que el Estado no tiene. Estamos en contacto permanente con nuestras empresas y con sectores industriales especialmente expuestos a la normativa europea como la automoción, la cerámica, el juguete o el sector primario. Sin esa visión, la posición de España en Europa estará incompleta”. En este sentido, ha defendido una interlocución constante y una verdadera influencia que permita anticipar escenarios, coordinar respuestas y ofrecer certidumbre a las empresas valencianas en un contexto internacional especialmente volátil. Además, ha reclamado que la CARUE “deje de ser un mero trámite informativo y se convierta en un verdadero espacio de decisión”.