Noticias

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha exigido al Gobierno de España un modelo de financiación “estable, suficiente y estructural” que garantice la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana. “La dependencia no puede esperar y no puede financiarse mediante anuncios puntuales ni incrementos coyunturales, sino a través de un modelo estable, previsible y ajustado a las necesidades reales del sistema”, ha remarcado la consellera.  Así se ha expresado Elena Albalat este lunes, durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que se ha celebrado tras la aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley de medidas extraordinarias para el sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el que se ha establecido un reparto de fondos estatales entre las comunidades autónomas. En su intervención, la consellera ha advertido de que el Real Decreto-ley no supone una verdadera reforma de la financiación, sino una aportación puntual de recursos, en el 2026, sin planificación a medio y largo plazo. “Este decreto reparte fondos ahora, pero no garantiza ni el presente ni el futuro del sistema. No hay una estrategia que asegure su viabilidad”, ha señalado. Incertidumbre entre las comunidades autónomas  En este sentido, Albalat ha mostrado el rechazo de la Generalitat a la fórmula empleada por el Gobierno central, basada en una modificación presupuestaria, y ha insistido en que “una reforma de esta magnitud debe plasmarse en el articulado de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, para no generar incertidumbre entre las comunidades autónomas”.  Por otra parte, la consellera ha lamentado que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, haya justificado durante años la imposibilidad de incrementar los fondos destinados a la dependencia debido la falta de unos presupuestos generales del Estado actualizados, y que, sin embargo, ahora, pese a continuar prorrogados, sí recurra a una modificación presupuestaria para anunciar un aumento “que no se ajusta a las verdaderas necesidades de muchas comunidades autónomas que asumen la mayor carga de financiación del sistema”.  También ha recordado que las comunidades llevan años reclamando una solución estructural sin que se haya producido, pese al incremento de la recaudación por parte del Estado, por lo que ha subrayado que “no es serio responder con parches a un problema estructural que afecta a miles de personas”.  Deuda histórica de 4.000 millones de euros En este contexto, Albalat ha recordado que el Gobierno central acumula una deuda histórica superior a los 4.000 millones de euros con el sistema valenciano de dependencia, consecuencia de años de infrafinanciación en los que solo ha aportado al sistema el 20 % del coste, frente al 80 % que asume la Generalitat. Por ello, la consellera ha remitido varias cartas al Gobierno de España solicitando una reunión urgente para abordar “la situación extrema” que padece la Comunitat Valenciana, que —ha denunciado— “sufre un agravio comparativo respecto a otras comunidades que sí reciben una financiación real al 50 %”. “Exigimos un modelo de financiación en condiciones de igualdad que garantice los mismos derechos y garantías para todos los territorios de España, y no un trato diferenciado que beneficie únicamente a algunas comunidades como el País Vasco”, ha afirmado Albalat, al tiempo que ha mostrado su rechazo a lo que ha calificado de “decisiones coyunturales que responden más al oportunismo político que a una planificación rigurosa del sistema”.  Del mismo modo, ha advertido de que esta situación, que se prolonga en el tiempo, genera una presión financiera constante sobre la Generalitat, que ha asumido el esfuerzo necesario para garantizar la atención a más de 190.000 personas dependientes y sus familias, “que no pueden seguir esperando a que el Gobierno cumpla con su responsabilidad y asegure una financiación justa que garantice la continuidad y la estabilidad del sistema valenciano de dependencia”.