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El secretario autonómico de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Ignacio Grande, y el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo, Pedro Carceller, han comenzado una serie de reuniones con los equipos de servicios sociales municipales y con entidades del tercer sector que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social para detallar las mejoras de la nueva Renta Valenciana de Inclusión (RVI).

En las próximas semanas, se llevarán a cabo nuevos encuentros técnicos con profesionales de los servicios sociales municipales de toda la Comunitat Valenciana. Esta reforma entrará en vigor el próximo mes de octubre tras su reciente aprobación en Les Corts.

Ignacio Grande estima que la reforma de la RVI “permitirá ampliar la cobertura a nuevas familias en situación de vulnerabilidad”. Considera que esta norma es “un éxito social que coloca a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de las políticas de inclusión”.

Tras los primeros contactos, Grande ha subrayado que esta reforma “nace para adaptar la Ley a las nuevas realidades sociales y económicas” y que es “resultado del diálogo con los servicios sociales municipales, las entidades del tercer sector y las propias personas en situación de vulnerabilidad en un proceso participativo que ha permitido construir una herramienta más justa, ágil y humana”.

Durante los encuentros, Ignacio Grande y Pedro Carceller han informado a los colectivos que la principal novedad “es el impulso hacia la inclusión basado en el empleo como pilar fundamental, priorizando la incorporación al mercado laboral”.

Además, la nueva RVI también se enfoca en la simplificación administrativa. Según Carceller, será el personal técnico de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia quien instruya y gestione los expedientes, “liberando a los servicios sociales municipales de las tareas burocráticas que hasta ahora dificultaban su labor y permitiendo a los profesionales de atención primaria centrarse en el acompañamiento personalizado y en el diseño de itinerarios de inclusión adaptados a cada persona”.

Para el director general, el refuerzo de los itinerarios de inclusión social “es otro de los pilares fundamentales de la reforma, al promover un modelo de intervención social que va más allá del mero apoyo económico, fomentando estrategias personalizadas que aborden las causas de la pobreza y faciliten la salida definitiva de la exclusión, dando un salto evolutivo en el modelo de prestaciones existente”.

En cuanto a la protección de los colectivos más vulnerables, la ley introduce un complemento para la infancia, diseñado específicamente para combatir la pobreza infantil y romper su transmisión intergeneracional, así como un complemento de emergencias que incrementará en un 15 % la prestación en casos de emergencias oficialmente declaradas, garantizando una respuesta ágil ante situaciones imprevistas.

Asimismo, la ampliación de los criterios de acceso permitirá que más personas en situación de vulnerabilidad puedan beneficiarse de la RVI. “Entre los colectivos que verán reforzada su protección se encuentran las personas mayores de 65 años, que en ocasiones quedaban desprotegidas, así como los hogares monoparentales y las personas con problemas de salud mental, que recibirán atención prioritaria”, ha añadido Ignacio Grande.