Noticias

La secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Rosa Ferrando, ha subrayado la importancia de visibilizar el impacto de la violencia filio-parental y apuesta de la Generalitat por ofrecer una por respuesta integral a las familias centrada en la prevención y la coordinación entre administraciones y profesionales. Ferrando ha destacado, durante su participación esta semana en las VII Jornadas Internacionales sobre Violencia Filio-Parental y Atención a la Infancia y Adolescencia, celebradas en Nules, que es responsabilidad de la Generalitat “mirar este problema de cara, darle visibilidad y trabajar para darle solución”. A este respecto, Ferrando ha explicado hay familias que padecen esta violencia con “miedo o con culpa” y que este fenómeno “obliga a entender que estamos ante una situación multicausal, que demanda respuestas inteligentes y coordinadas”. Además, se ha referido a la educación para desarrollar el autocontrol, indicando que “cuando hablamos de autocontrol hablamos de aprender a regular emociones y a respetar, de aprender que los actos tienen consecuencias, porque los límites también son una forma de cuidado, marcan el camino, protegen y enseñan a convivir con hábitos saludables”. Asimismo, Rosa Ferrando también ha hecho hincapié en la importancia de la cooperación entre disciplinas, puesto que “ningún profesional, por muy preparado que esté, puede sostener esto en solitario, la respuesta real solo es posible cuando hacemos red y actuamos coordinadamente”. Durante su intervención, la secretaria autonómica ha detallado algunas de las medidas impulsadas desde la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia para abordar la violencia filioparental. Entre ellas, ha destacado la subvención al programa Conviviendo de la Fundación Amigó, un servicio gratuito de orientación, prevención e intervención que opera en toda la Comunitat Valenciana y que, solo en 2024, atendió a 527 familias y llegó a 5.652 participantes a través de talleres. Además, ha hecho referencia a los recursos específicos existentes en el servicio de acogimiento residencial, que alcanzan las 40 plazas destinadas a menores sobre los que ha recaído una medida judicial de convivencia en grupo educativo como consecuencia de actos de violencia intrafamiliar.