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La Generalitat ha recibido un total de 640 solicitudes de ayuda de personas afectadas y familiares de víctimas fallecidas en la dana, tras finalizar el plazo de presentación el pasado lunes 25 de mayo.

El Pleno del Consell ha tomado conocimiento este viernes del informe elaborado al concluir esta primera fase del procedimiento de concesión de ayudas, que destinará un total de 80.000 euros por víctima a familiares o personas con vínculo afectivo que cumplan los requisitos establecidos, conforme al Decreto 23/2026, de 20 de febrero, del Consell.

Así lo ha comunicado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien ha comparecido junto al portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno.

Martínez Mus ha señalado que ya se está trabajando en la tramitación de las solicitudes y que en los próximos días se publicará una primera resolución definitiva.

De las solicitudes registradas, 488 corresponden a daños personales por fallecimiento, ya que en algunos casos varios familiares de una misma víctima han presentado solicitudes, mientras que 152 se refieren a situaciones de incapacidad absoluta y permanente.

“Estas ayudas son directas, compatibles con otras subvenciones o indemnizaciones de administraciones públicas o entidades privadas, como seguros, y no tributan en el IRPF”, ha destacado el vicepresidente.

En otro ámbito, el Pleno del Consell ha aprobado el decreto ley de modificación del Decreto ley 4/2019 y de la Ley 13/2017 del Taxi de la Comunitat Valenciana, que busca una nueva regulación para garantizar la convivencia entre el sector del taxi y los VTC, así como mejorar la movilidad en la Comunitat Valenciana.

Martínez Mus ha resaltado que esta aprobación se produce “tras un proceso de diálogo orientado a reforzar la seguridad jurídica y garantizar el equilibrio entre el sector del taxi y los vehículos con conductor”.

La norma establece una suspensión temporal, por un máximo de dos años, de nuevas autorizaciones de taxi en áreas de prestación conjunta y de nuevas autorizaciones VTC de ámbito estatal, hasta que se elabore un informe sobre la situación de la movilidad, sin afectar a los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

Además, Martínez Mus ha afirmado que en el ámbito del taxi, “se amplía el número de licencias por titular, se flexibiliza su concesión, se elimina la dedicación exclusiva y se regula la transmisión hereditaria, mientras que en los VTC se habilita provisionalmente la prestación de servicios urbanos, se suprime el tiempo mínimo de espera para la contratación y se refuerza el régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de la normativa y la convivencia entre ambos modelos de transporte”.

Con esta medida, el Consell avanza hacia un modelo de movilidad “más equilibrado, seguro y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana”.

En el ámbito sanitario, el Pleno ha autorizado la contratación del servicio de atención logopédica ambulatoria, con un valor estimado de 20,1 millones de euros. Este nuevo contrato permitirá incrementar un 80% el número de pacientes atendidos, pasando de 2.500 a cerca de 4.500 personas al año, además de aumentar en más de 75.000 las sesiones anuales de tratamiento.

El servicio reforzará la atención a patologías relacionadas con el lenguaje, el habla, la voz, la audición y la deglución en todos los departamentos de salud. El portavoz del Consell ha enmarcado esta medida en la apuesta del Ejecutivo valenciano por reforzar la capacidad asistencial y mejorar la atención sanitaria con más recursos, más profesionales y mayor cobertura.

En este sentido, ha recordado que la sanidad pública valenciana cuenta este año con un presupuesto récord de 9.186 millones de euros.

Asimismo, el Consell ha aprobado una subvención directa de 1,25 millones de euros para las cofradías de pescadores y sus federaciones. Estas ayudas permitirán sostener actividades esenciales de asesoramiento, gestión de lonjas, formación, representación y colaboración con la administración en un momento especialmente complejo para la pesca mediterránea.

Barrachina ha subrayado que las cofradías desempeñan una función “fundamental para mantener vertebrado el sector pesquero valenciano y defender su viabilidad económica y social”. Cabe recordar que la pesca valenciana capturó el pasado año 12,8 millones de kilos de pescado con un valor en lonja de 69,5 millones de euros.

En el ámbito de las infraestructuras hidráulicas, el Consell ha tomado razón de la contratación de emergencia de las actuaciones para reparar los colectores generales del sistema de saneamiento de Pobla de Farnals, en los términos municipales de Massalfassar, Puçol y la Pobla de Farnals. La actuación, impulsada por la EPSAR, cuenta con una inversión superior a los 2 millones de euros y tiene como objetivo evitar riesgos ambientales y para la salud pública derivados del deterioro de esta red de saneamiento.

El Pleno también ha tomado razón de las actuaciones de emergencia para rehabilitar el edificio de la Oficina Comarcal Agraria de la Plana Alta, en Vila-real, y adecuar instalaciones anexas tras detectarse problemas estructurales que obligan a adoptar medidas inmediatas de seguridad. Las actuaciones, encargadas a TRAGSA, cuentan con una inversión cercana a los 459.000 euros.