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La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha puesto en valor el esfuerzo de la Generalitat para cumplir con los plazos de implantación de los Tribunales de Instancia y ha trasladado al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, su malestar por la falta de coordinación y recursos del Gobierno de España en el proceso de implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia. “El Ministerio de Justicia estaba obligado a garantizar los recursos necesarios para poder implementar la ley con las debidas garantías y debería haber coordinado su implementación, algo que no ha hecho y que ha derivado en un sobreesfuerzo por parte de las autonomías que han cumplido con los plazos, como es el caso de la Comunitat Valenciana”, se ha lamentado la consellera Nuria Martínez. Nuria Martínez se ha pronunciado sobre el estado de la implementación de esta norma tras participar en la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia convocada por el Ministerio del ramo para valorar la tercera y última fase de implementación de la Ley de Eficiencia de la Justicia, prevista para el próximo 31 de diciembre. “La implementación de esta nueva norma ha supuesto una reorganización sin precedentes de la estructura judicial. Hemos hecho frente a estos cambios sin apoyo ni coordinación por parte del Gobierno de España. Nos hemos esforzado, hemos sido rigurosos y hemos trabajado desde el consenso para que los Tribunales de Instancia estén operativos a 1 de enero de 2026 tal y como exigía la ley”, ha aseverado la consellera Nuria Martínez.  “No podemos eludir la cuestión de la financiación, y más en el caso de la Comunitat Valenciana, una autonomía que padece una infrafinanciación estructural y que, además, está afrontando en solitario la reconstrucción y recuperación social y económica tras la riada. Esta norma nos está costando alrededor de 50 millones de euros”, ha detallado.  “Una reforma era necesaria, pero una reforma reflexionada, consensuada y con provisión de recursos y coordinación para su implantación”, ha defendido Martínez.   Al término de la Conferencia se ha acordado mantener la fecha de entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia en el 31 de diciembre de 2025, con excepción de los tribunales de instancia de Avilés, Gijón y Oviedo que lo harán el 15 de febrero de 2026. Adicionalmente, por unanimidad, se ha aprobado una flexibilización para la puesta en funcionamiento de los Tribunales del Instancia, que tras el acuerdo de la sectorial deberán estar plenamente operativos el 31 de marzo de 2026.  En este sentido, la consellera de Justicia ha mostrado su consideración hacia la postura de la judicatura ante la culminación de la tercera fase de la implementación de la norma. “Somos sensibles a la situación de las Salas de Gobierno y de los Tribunales de Instancia y en base a ello, admitimos flexibilidad en cuanto a la implantación en algunos partidos judiciales”, ha manifestado la consellera durante su intervención.