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La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha destacado “el papel clave de los graduados sociales como garantes de la seguridad jurídica y del buen funcionamiento del mercado laboral”. Martínez ha participado en la clausura de las 20ª edición de las Jornadas Valencianas de Relaciones Laborales, organizadas por el Colegio Oficial de Graduados Sociales (Cograsova), que se ha celebrado los días 7 y 8 de mayo en la Ciudad de la Justicia de València. En ellas, expertos en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social han analizado las últimas novedades en este ámbito profesional.  Los graduados sociales gestionan personas, relaciones y culturas organizativas, son mediadores entre las necesidades de las empresas y los derechos de los trabajadores y tienen un papel esencial en la prevención de conflictos, la promoción del talento y la mejora del clima laboral. Nuria Martínez ha afirmado que “el mundo del trabajo está en constante transformación y exige respuestas cada vez más complejas” y ha resaltado la importancia estratégica de los graduados sociales y los profesionales de las relaciones laborales y de los recursos humanos en el correcto desarrollo de la sociedad. “Su labor es esencial para garantizar el equilibrio entre la actividad económica y la protección de los derechos de las personas trabajadoras”, ha manifestado la consellera. Martínez ha explicado que la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación es sensible a las necesidades del colectivo y, por ello, ha solicitado al Gobierno central la creación de plazas para los juzgados de lo Social. Esta petición responde a la elevada carga de trabajo que padecen algunos partidos judiciales en esta área, superando el 150% en casos como en el Valencia, Alicante o Elche. Una solicitud conjunta realizada también de la mano del TSJCV y el CGPJ, que tuvo éxito y se materializó con la creación de seis plazas en de estos partidos. Asimismo, la titular de Justicia ha agradecido el compromiso de los graduados sociales a la hora de aportar mejoras durante el proceso de implementación del sistema de gestión procesal Just@, así como por su contribución y acompañamiento a la Conselleria en el avance hacia una justicia más ágil, moderna y eficiente. Martínez también ha puesto en valor el marco de diálogo generado entre la Conselleria y el Colegio, un compromiso que se refleja atendiendo a la petición del colectivo de los graduados sociales de poner en marcha el proyecto de decreto por el que se establecen disposiciones específicas para la resolución de procedimientos sancionadores en materia de colegios profesionales, respecto del cual ya se ha elaborado el informe de respuesta a las alegaciones presentadas.  Este decreto permitirá dotar a la Administración de un marco normativo para actuar frente a aquellas conductas de los no colegiados que perjudiquen tanto a los profesionales que ejercen conforme a la legalidad como a los propios ciudadanos.  “Con ello, reforzamos la seguridad jurídica y contribuimos a preservar el prestigio y la dignidad de las profesiones colegiadas. En definitiva, damos un paso firme para responder a una reivindicación histórica de los colegios profesionales, fortaleciendo al mismo tiempo la confianza en las instituciones y en el correcto ejercicio profesional”, ha asegurado la consellera.